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lunes, 3 de agosto de 2015

Pacto por un Puerto Rico más seguro para los animales

El Departamento de Justicia contrató a dos veterinarios forenses para convertirse en la voz de los animales maltratados y testificar en un tribunal qué fue lo que les ocurrió.

Artículo de Sandra Caquías Cruz y Gerardo E. Alvarado León, tomado de El Nuevo Día.com

La contratación de Yesenia Fernández y Osmar Rivera se da en momentos en
que los cargos radicados por violación a la Ley 154-2008 suman 256 en lo
que va de año. (Jorge Ramírez Portela)

Conscientes de que el maltrato de animales es una lacra muy presente en la sociedad boricua -hasta el punto que los casos reportados en lo que va de año superan los totales de 2013 y 2014-, diversos sectores han unido voluntades en una gesta de avanzada que busca proteger y asegurar el bienestar de esta población indefensa.

El gobierno estatal y municipal, organizaciones sin fines de lucro, voluntarios y colegios profesionales, asumieron el reto de atajar un retraso de 30 años en la lucha contra el maltrato, a fin de convertir al país en un lugar seguro para los animales. 

El esfuerzo está enmarcado en la Ley 154-2008, mejor conocida como la Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales -considerada una de las mejores en su clase-, así como en una orden ejecutiva firmada en abril pasado por el gobernador Alejandro García Padilla, que unió al Gobierno y la empresa privada en una ofensiva contra este tipo de violencia.

El ejemplo más reciente de esa ofensiva es la contratación -por parte del Departamento de Justicia- de dos veterinarios forenses, quienes tendrán en sus manos la responsabilidad de convertirse en la voz de los animales maltratados y testificar en un tribunal qué fue lo que les ocurrió.

La contratación de Yesenia Fernández y Osmar Rivera se da en momentos en que los cargos radicados por violación a la Ley 154-2008 suman 256 en lo que va de año, la mayoría de ellos por negligencia, lo que implica desde no proveerle al animal los cuidados mínimos, hasta atropellarlo y no tomar medidas para que sea atendido. En los años fiscales 2012-2013 y 2013-2014, las acusaciones por maltrato animal totalizaron 123 y 154, respectivamente.

Contrario al veterinario regular que no interviene con animales muertos, el veterinario forense está encargado de “ayudar a contar la historia sobre qué le sucedió a determinado animal”, dijo Fernández, quien tiene experiencia investigando casos de maltrato que han causado indignación en el país, como el del perro “Cuqui”, muerto por un perdigonazo.

Fernández y Rivera contaron que sus funciones inician cuando tienen conocimiento de un posible caso de maltrato, en la mayoría de los casos por parte de fiscales. Esa comunicación es suficiente para activar el protocolo de investigación y, de ser necesario, acudir al lugar de los hechos para recopilar toda la evidencia posible, al igual que ocurre en la Policía cuando se reporta un asesinato.

Si el animal muere, Fernández y Rivera son los encargados de realizar la necropsia en la clínica que ambos tienen en Caguas. La mayoría de las pruebas de laboratorios se realiza en dicha clínica, pero también utilizan los servicios de la única patóloga veterinaria en Puerto Rico, Olga González, explicó Rivera, al destacar que otras pruebas se envían a laboratorios en el estado de Florida.

El secretario de Justicia, César Miranda, explicó que la contratación de Fernández y Rivera “formaliza” los servicios que hasta ahora ambos han ofrecido al Gobierno y a las entidades defensoras de los animales con el fin de esclarecer casos de maltrato. Justicia reservó $40,000 para la contratación de ambos veterinarios, que trabajarán según sea requerido.

De cara al futuro

Por su parte, la fiscal Gretchen Pérez, quien coordina todo lo relacionado a la Ley 154-2008 en Justicia, indicó que el proceso de presentar cargos por maltrato de animales “es tan riguroso” como el de probar cualquier delito contra una persona, por lo que destacó la importancia de educar al personal que interviene en los mismos, como policías, fiscales y jueces.

En ese esfuerzo están teniendo un rol protagónico organizaciones como The Humane Society of the United States y la Sociedad Protectora de Animales (The Humane Society of Puerto Rico), que han preparado material informativo y ofrecido talleres.

Yolanda Álvarez, directora para la Isla de The Humane Society of the United States, contó que durante los últimos meses estuvieron compilando evidencia sobre casos de maltrato e impartiendo charlas, conferencias y talleres. “También llegamos a un acuerdo con el Departamento de Educación para que, como parte del currículo, se lleve un mensaje de bondad hacia los animales”, expuso.

Por su parte, Maritza Rodríguez, directora de la Sociedad Protectora de Animales -entidad que opera el albergue de Guaynabo-, dijo que “falta camino por recorrer”, por lo que los próximos esfuerzos educativos se centrarán en desarrollar aquí una cultura de adopción y esterilización.

Los planes futuros también incluyen la firma de un protocolo con el fin de regular las intervenciones de las autoridades en los casos de maltrato de animales. Rodríguez destacó que el protocolo sería parecido al que tiene el Departamento de la Familia para los casos de maltrato infantil, y podría disponer que a los llamados “oficiales investigadores de crueldad animal” se les dé poder de ley básico.

“Ya tenemos a los veterinarios, pero ahora hay que determinar qué pasa cuando la Policía entra: quién remueve el animal, dónde se lleva, quién lo atiende y quién paga”, expresó.

Álvarez y Rodríguez coincidieron en que el alza en la radicación de cargos por violación a la Ley 154-2008 no necesariamente significa que haya más maltrato de animales en la Isla, sino que la ciudadanía es más consciente del problema y está dispuesta a denunciarlo para erradicarlo. 

Destacaron, además, que los grupos de rescate han ido en aumento, y que las redes sociales han sido pieza clave tanto para denunciar como para esclarecer casos de maltrato. “Nos estamos encaminando a ser una sociedad más sensible”, dijo Álvarez.

En tanto, César González, veterinario a cargo del Centro de Control de Animales de Carolina, resaltó que entidades como esta -municipales- también están combatiendo el maltrato mediante varias iniciativas. Mencionó, por ejemplo, que su centro “es el único” en el país del que toda mascota sale con una microficha.

"Hace falta planes a corto plazo para corregir problemas, entre estos, que en Puerto Rico la vacuna de rabia no es mandatoria, pese a ser una enfermedad transmisible a los humanos. A largo plazo, podrían desarrollarse centros de control de animales regionales, porque no todos los municipios tienen el presupuesto para manejar este tipo de infraestructura”, dijo.

3 preguntas a la veterinaria forense, Yesenia Fernández 

“Yo tengo que hablar por ese animal, contar su historia, documentar qué le sucedió”



1 ¿Cuál es la diferencia entre un veterinario regular y uno forense? 

El veterinario forense tiene una preparación académica para aplicar la medicina veterinaria a los casos legales. El forense toma cursos para conocer y tener respuestas al aspecto legal.

2 ¿Qué hace un veterinario forense cuando llega a una escena de posible maltrato a un animal?

Lo primero que hacemos es un recorrido visual. Es importante tomar la mayor cantidad de fotos. Si se usa la unidad de Servicios Técnicos (de la Policía) se las puedes pedir, sino las toma el veterinario forense. Siempre se nos recomienda que hagamos un dibujo del área y obtengamos la mayor evidencia posible de ese lugar.

3 ¿Cuál es la función de un veterinario forense en la sala de un tribunal?

Tenemos que ayudar a esclarecer el caso dentro del marco de la ley de ese país. Yo no voy a buscar una razón para probar el caso de la Fiscalía. Yo hago una necropsia para encontrar qué fue lo que pasó y documentar mis hallazgos.

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