Cuatro años de cárcel por exterminar a 2.200 animales

La presidenta de la protectora de animales Parque Animal se enfrenta a cuatro años de cárcel por exterminar a casi 2.200 animales de una manera cruel.

Tomado de Guía ONGs

En esta protectora situada en Torremolinos, Málaga, desde 2008 hasta 2010 se llevaron a cabo 2.183 sacrificios de animales de una manera “lenta y dolorosa”, pues, al parecer, la inculpada suministraba menos producto eutanásico del requerido y de manera incorrecta, lo que hacía que el sufrimiento de los animales fuera mucho mayor.

Debido a estos hechos, la presidenta de Parque Animal ha sido acusada de intrusismo profesional y maltrato animal, al igual que uno de los empleados del refugio. En el escrito realizado por el fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, se pone de manifiesto que los acusados “sacrificaron animales domésticos de los recogidos en la asociación de forma masiva e injustificada” y realizando “auténticas sesiones de exterminio” sobre animales sanos.

Siguiendo con los datos proporcionados por la acusación fiscal y recogidos por este medio de comunicación, estos hechos se habrían realizado sin justificación alguna, salvo “la falta de espacio en el centro y la prioridad que la acusada le daba a sus fines privados”.

Además, todas estas acciones se realizaban sin supervisión de un veterinario o profesional y por personas que no tenían los conocimientos requeridos para llevarlas a cabo. De este modo, los acusados inyectaban, sin sedación, dosis menores de las habituales para ahorrar en costes, pero esto suponía una agonía mayor para los animales. Mientras realizaban estas acciones, se desconectaban las cámaras de seguridad del centro y se ponía música alta para que nadie pudiera oír el alboroto provocado por los ladridos o aullidos.

La acusada también ha sido señalada por haber firmado recetas haciéndose pasar por veterinaria o expender certificados de eutanasia o de otro tipo, escritos con su puño y letra.

Por el maltrato animal e intrusismo profesional, el fiscal pide un año de cárcel para cada uno de los acusados, además de una multa de 7.200 euros y la inhabilitación de tres años para todas las profesiones que tengan que ver con los animales. Además, por la falsedad documental, la procesada se enfrenta a tres años de prisión y otros 7.200 euros de multa.