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viernes, 30 de junio de 2017

La Fiscalía impedirá la adopción de mascotas maltratadas sin una orden judicial

Los fiscales inspeccionarán los refugios para asegurarse que las mascotas no son sacrificadas. La medida busca evitar que estos animales sean abandonados ante la ausencia de controles.

Artículo de Juan Nieto, tomado de El Mundo.es


Un perro espera a ser adoptado en un refugio de Valencia. / BIEL ALIÑO

La Fiscalía se ha lanzado a blindar los derechos de los animales que son víctimas de delitos y desde ahora pedirá una orden judicial para que sean adoptados por familias u organizaciones si los procedimientos han sido judicializados por el Ministerio Fiscal. La medida busca evitar que estos animales sean sacrificados ante la ausencia de controles.

La Fiscalía de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado (FGE) envió este martes un oficio a todas las Fiscalías territoriales en el que establece una serie de pautas que deberán seguir los fiscales para proteger a los animales que se encuentran en una situación de desamparo tras sufrir malos tratos.

Después de las últimas intervenciones del Ministerio Fiscal en los delitos de violencia sobre los animales domésticos, y habida cuenta que existen determinados supuestos respecto a los que es importante establecer pautas de actuación que conduzcan a proteger, asegurar y recuperar, física y psicológicamente, a los animales que han sufrido estas conductas delictivas, la Fiscalía ha detectado que uno de «los aspectos más problemáticos» que se generan al respecto es la determinación o localización de un depósito de animales maltratados.

Así, tras analizar estos asuntos, los fiscales pedirán a ONG's privadas o asociaciones de la ciudad o provincia donde hayan ocurrido los hechos que los acojan, «tras verificar la legalidad» de las instalaciones, así como su «compromiso y voluntad de resolver este proceloso problema». Además, los fiscales también extienden esta responsabilidad a los municipios solicitarán que las antiguas perreras o albergues municipales para perros, algunos de titularidad pública y otros subcontratados por la Administración, atiendan a animales domésticos con estos problemas.

En este sentido, la Fiscalía de Sala aclara que, pese a que el servicio de recogida de animales no se encuentra entre las competencias propias de los municipios, el Tribunal Constitucional (TC) ya resolvió que los alcaldes podían asumir servicios como estos en coordinación con otras Administraciones.

Por ello, ante la ausencia de una legislación nítida sobre el maltrato animal, la Fiscalía dice ahora que estos espacios también deberán acoger a animales víctimas de delitos. Además, añade el oficio, en ningún caso podrán «ser sacrificados ni dados en adopción sin autorización judicial», de haber judicializado el procedimiento el Ministerio Fiscal.

«Precisamente por ello, y dado que con cierta periodicidad se sacrifican animales», el documento traslada a los fiscales que deberán realizar «la práctica de controles» para evitar, precisamente, ese trágico desenlace.

La Fiscalía de Medio Ambiente ha elaborado este oficio tras tener conocimiento de que muchos animales son sacrificados tras ser maltratados. A principios de mes, un juzgado de lo Penal de Valencia condenó a un hombre a nueve meses de cárcel por matar a su perro arrojándolo al río con un bloque de hormigón atado al cuello. La Fiscalía pedía 18 meses de cárcel en un principio pero al admitir lo hechos el acusado logró una rebaja de la pena.