Condenado por el maltrato a los animales que tenía en una finca ilegal

El juez le ha impuesto una pena de cárcel de siete meses y dos años de inhabilitación.

Artículo de Raquel Garrido, tomado de Málaga Hoy

Caballo ahogado en la finca del condenado en febrero de 2010.

El propietario de una finca que funcionaba como centro equino y un núcleo zoológico en Alhaurín de la Torre, sin contar para ello con ningún tipo de permiso, ha sido condenado a siete meses y dieciséis meses de prisión y a dos años de inhabilitación para el ejercicio de cualquier actividad relacionada con animales. El Juzgado de lo Penal número 10 de Málaga considera en su sentencia que el acusado es autor de un delito de maltrato animal continuado al no cuidar de forma adecuada a sus animales "no dándoles de comer ni de beber, lo que causó un estado de desnutrición que causó que éstos estuvieran famélicos y que muchos de ellos fallecieran".

Desde al menos 2009, el condenado concentraba en una extensión de 5.000 metros cuadrados y una gran de cantidad de animales. Pero fue tras el desbordamiento del río Guadalhorce en febrero de 2010 cuando salió a la luz el mal estado en el que se encontraban los animales.

Un total de 13 caballos murieron ahogados tras esas graves inundaciones, ya que al parecer nadie estaba al cuidado de los animales. Cuando dos técnicos de la Junta de Andalucía visitaron la explotación tras esos hechos encontraron, según el juez, 26 caballos vivos y seis perros "en un estado lamentable, carentes de todo cuidado, y en unas instalaciones deplorables".

Los animales le fueron retirados y depositados a cargo de un tercero, aunque la sentencia añade que a pesar de eso el acusado siguió con la explotación "incorporando cada vez a más y más animales a los que no daba los más mínimos cuidados". Al contrario, prosigue la resolución judicial a la que ha tenido acceso este periódico, "los sometió a una cruel agonía al privarles de alimento y agua".

Hasta el punto de que en enero de 2011, cuatro de ellos tuvieron que ser sacrificados debido al mal estado de salud que presentaban. Precisamente, fue a raíz de que un veterinario accediera al recinto para el sacrificio de estos animales cuando se produjo el cierre definitivo de las instalaciones y el desalojo de los animales, momento en el que se comprobó que había trasladado de forma ilegal algunos de los caballos que en su día fueron intervenidos.

Unos 21 caballos, 11 perros y 27 gallinas fueron trasladados entonces al refugio que gestiona la Asociación CYD Santa María. El abandono al que estaban sometidos los animales fue denunciado por esta asociación desde 2008, lo que supuso la intervención del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en ocasiones anteriores sin que llegara a nada. Además, otra denuncia motivó que los agentes tuvieran que incautar anteriormente un tigre de bengala que el dueño tenía en el recinto.

En su sentencia, el juez considera los hechos probados a pesar de que el acusado negó los hechos "en aras de conseguir una resolución absolutoria, alegando que desconocía la situación y que el cometido de cuidarlos se lo encargó a otra persona". Sin embargo, este testigo declaró en el juicio que cuando llegó a la finca los animales ya se encontraban en mal estado y que el propietario de la finca "no llegó a encargarse nunca de ellos" Por estos hechos, la Fiscalía de Málaga había pedido una pena de nueve meses de cárcel y tres de inhabilitación por un presunto delito de maltrato animal debido al abandono al que supuestamente tenía sometidos a los caballos, perros, gatos y gallinas concentrados en las instalaciones. Según la calificación fiscal, los animales se encontraban "en unas condiciones lamentables" ya que "dormían sobre sus propias heces y sufrían desnutrición y deshidratación extrema".