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domingo, 1 de marzo de 2015

El número de galgos ahorcados se triplicó en 2014

Los abandonos y los robos de estos animales también se incrementaron respecto a 2013. Los delitos relacionados con estos perros se concentran en cinco comunidades. La Guardia Civil aclara que en sus estadísticas sólo figuran los casos en los que interviene.

Artículo de Rubén Ramirez, tomado de El Mundo.es

Concentración de propietarios de galgos para protestar por el maltrato a estos
animales. Foto: Antonio Pastor.
"En las estadísticas de la Guardia Civil constan únicamente los datos de actuaciones de sus unidades que, bien por hallazgos casuales o bien por haberse puesto en conocimiento de alguna de ellas un hecho de este tipo, han derivado en algún tipo de intervención", matizan desde la Jefatura del Seprona, conscientes de que sus datos son incompletos porque no recogen todos los casos de violencia o abandono contra estos perros de caza. Por ejemplo, de la acogida de canes abandonados muchas veces se ocupan los ayuntamientos o, si los consistorios lo permiten, entidades privadas como las ONG. "No tienen la obligación de informar a la Guardia Civil de esas actuaciones, por lo que esos datos en ningún caso se incorporan en nuestra estadística", recalcan desde el Servicio de Protección de la Naturaleza.

Todos los delitos graves relacionados con los galgos registraron una significativa subida en 2014 respecto a los datos del año anterior. El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) comprobó un 11,32% más de abandonos de estos perros de caza en España (de 53, a 59) que en 2013; los ahorcamientos se multiplicaron por más de tres (de cuatro casos se pasó a 13); tres galgos murieron después de ser golpeados o apaleados (en el ejercicio anterior no hubo ningún caso); los fallecidos tras un tiroteo se incrementaron un 66,67% (de tres pasaron a cinco); aumentó un 75% el número de estos canes que fueron envenenados (de cuatro galgos subió a siete); y los robos denunciados crecieron un 31% (de 200, a 262).

Sin embargo, el cómputo total del número de delitos e infracciones administrativas se redujo un 1,24% en 2014 en comparación con el año anterior. Así pues, mientras que en 2013 las estadísticas de la Guardia Civil recogieron 1.861 delitos o faltas de este tipo, en 2014 se comprobaron 1.838 infracciones. En total, el año pasado 1.576 galgos se vieron afectados por algún delito o infracción administrativa, lo que representa una bajada del 10,56% respecto al el ejercicio anterior, con 1.762 de estos perros damnificados.

Registro desigual por territorios

Las estadísticas del Seprona de 2014 ponen de manifiesto que los delitos y las infracciones administrativas cometidas contra los galgos se concentran en las cinco comunidades autónomas donde la caza con estos animales está más extendida: Castilla y León (778), Castilla-La Mancha (387), Andalucía (346), Madrid (201) y Extremadura (94), que aglutinan el 98,26% de todos los casos ocurridos en España. Por el contrario, Ceuta, Melilla, Canarias, Asturias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y País Vasco no registran ningún delito o falta administrativa contra los galgos. Baleares (dos), Galicia (cuatro), Navarra (siete), La Rioja (tres) y Aragón (16) completan la panorámica de los delitos cometidos contra los galgos en todo el país.

La gran mayoría de los abandonos registrados tuvo lugar en Castilla y León (42 de 59, el 71,2% del total), seguido de Andalucía (nueve), Castilla-La Mancha (cinco), Galicia, Navarra y Extremadura (un único caso). Por otro lado, según las estadísticas de la Guardia Civil, sólo en tres autonomías aparecieron galgos ahorcados: Andalucía (siete), Extremadura y Castilla-La Mancha (tres). En cuanto a los envenenamientos, todos sucedieron en Andalucía, excepto uno en Castilla-La Mancha.

Tres de los cinco galgos cuya muerte se debió a un tiroteo aparecieron en Andalucía y los otros dos, en Extremadura. Por otra parte, dos de estos canes perdieron la vida tras una paliza en Castilla-La Mancha y otro más, en Andalucía.

Por último, respecto a los robos de estos animales, el 30,53% del total tuvo lugar en Castilla-La Mancha (80 sobre 262); el 22,52%, en Andalucía (59); el 18,32%, en Castilla y León (48); el 17,18%, en Extremadura (45); y el 8,02%, en Madrid (21). Asimismo, hubo otros ocho casos en Aragón y uno más en Baleares.

Menos 'infracciones administrativas menores'

Así pues, la disminución total de estos delitos en 2014 se debió, sobre todo, a que el apartado de otros delitos (que compone el 52,12% de todas las infracciones registradas) cayó un 26,81% (de 1309 se pasó a 958). En este capítulo se recogen "infracciones administrativas menores", como informan desde la Jefatura del Seprona: la falta de registros de galgos en el Ayuntamiento, a lo que obliga la actual legislación; los galgos que carecen de microchip (todo propietario de estos animales debe acudir a un veterinario para que éste coloque una señal de identificación en el perro); la falta de las vacunas necesarias; o el arrastre con vehículos (sólo en Andalucía está permitido atar los galgos a un vehículo a motor como forma de entrenamiento; en el resto de comunidades está prohibido o, simplemente, no regulado).

Además, en este apartado se incluyen también otros delitos más graves como el arrojo de estos perros de caza en pozos o los sacrificios realizados sin control. Sin embargo, desde el Seprona puntualizan que "la gran mayoría" de los 958 casos recogidos en esta subdivisión constituyen infracciones menores. "El arrojo en pozos y los sacrificios sin control deberían aparecer en otro apartado y no aquí porque son delitos graves", reconocen desde la Guardia Civil.


Cifras dispares

Los números respecto al trato que reciben los galgos oscilan entre los 50.000 delitos anuales que apuntan las asociaciones animalistas y los 1.838 (estimación de 2014) documentados por el Seprona, y a los que también se acogen las federaciones de galgos. Aunque la Guardia Civil reconoce que sus estadísticas están incompletas, aprecia que la elevada cantidad de ataques contra los galgos presentada por las ONG defensoras de estos animales "no se acerca en absoluto a la realidad, ya que, de ser así, sería prácticamente imposible que no hubiese un número mayor de actuaciones, aunque sólo fueran derivadas de hallazgos casuales de cualquier unidad de la Guardia Civil".

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