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viernes, 9 de julio de 2021

Ocho tinerfeños se enfrentan a un juicio de 48 días en Madrid por peleas de perros

La red fue desmantelada gracias a una operación en 2017 en un chalet de La Medida, en Güímar.

Artículo de José Domingo Méndez, tomado de El Día.es
Chalet de La Medida, en Güímar, donde intervino la Guardia Civil en 2017. 
E. D.

Ocho tinerfeños se encuentran entre los 23 procesados por maltrato animal y pertenencia a organización criminal que deben afrontar un macrojuicio de 48 días en la Audiencia Provincial de Madrid entre febrero y mayo del próximo año, según adelantó el digital Planeta Canario. 

Todos están acusados de participar en una red de peleas de perros con base en el municipio madrileño de Torrejón de Ardoz y desmantelada en 2017. El Ministerio Fiscal solicita para los ocho canarios penas de 39 años de cárcel dentro de los 103 totales. La acusación particular, en la que está personado el grupo de Podemos en el Cabildo entre 2015 y 2019, eleva la solicitud del tiempo de prisión hasta los 471 años. 

La noche del 18 al 19 de febrero de 2017, la Guardia Civil entra en un chalet de La Medida, en el municipio de Güímar al sur de la Isla. Una casa aislada con una única vía de acceso. Quienes estuvieron allí califican lo que vieron de «espectáculo dantesco». La vivienda había sido alquilada por un grupo de personas que mientras disfrutaban de comida y bebida apostaban en la pelea clandestina de los animales. Tocaba en la Isla entonces porque los escenarios de los combates se iban a distribuir por casi toda la geografía del país. De Madrid a Murcia, Almería, Alicante, Málaga o Tenerife. 

La causa fue abierta por la Fiscalía de Alcalá de Henares. Las sesiones del juicio se prolongarán del 21 de febrero al 31 de mayo de 2022 en la Sección 16 de la Audiencia Provincial de Madrid. La duración de la vista oral permite tener una idea de la magnitud de esta causa. Se distribuirá en varios periodos con inicio en febrero y final en mayo. Las sesiones comenzarán a las 10:00 horas. Algunos letrados de los acusados canarios preparan sendos escritos para solicitar que la vista se celebre por vídeo conferencia para evitar tener que residir durante mes y medio en la capital de España. Los cuatro principales investigados de Tenerife son E.P.C. –supuestamente organizaba, dirigía y coordinaba– para el que la acusación popular pide 21 años y 6 meses de prisión y la Fiscalía, 7 y 10 meses; F.C.G. –policía local de Adeje–, a quien se reclaman 30 años, por un lado, y 7 y 10 meses por otro; G.U.G.G. –también organizaría, dirigiría y coordinaría–, de 22 años a 3 y 4 meses; J.C.H.V. –veterinario–, al que se solicitan 18 años y medio de cárcel desde la acusación popular y por el Ministerio Público, 3 y 4 meses. 

El resto de investigados habrían participado y cooperado con la organización. A J.A.L.G la acusación popular le pide 7 años y 6 meses y la Fiscalía 4 y 10 meses; a J.A.R.T., 9 años y 6 meses, así como 4 y 10 meses, respectivamente. Respecto a G.M.R., interesa que se le imponga una pena de 7 años y 6 meses de prisión desde la letrada particular, mientras que el Ministerio Público la reduce a 3 años y 6 meses de reclusión. Por último, a S.M.E.B., le solicitan 7 años y 6 meses de cárcel, por un lado, y Fiscal, 3 años y 6 meses. 

«Cruel y continuado maltrato al que someten los procesados a los animales desde su nacimiento, ya sea echándoles a pelear o sacrificándoles cuando ya no son útiles para su fin». Un ejemplo del escrito de la Fiscalía. La acusación particular también solicita una cuantiosa indemnización por los gastos asumidos por las protectoras de animales que se tuvieron que hacer cargo de los perros tras el desmantelamiento de la red. 

La diferencia entre las penas solicitadas se debe a las dos formas de entender el delito. El Fiscal ve uno continuado de maltrato animal y la acusación popular otros individuales por cada animal torturado o muerto. El operativo posterior permitió rescatar a 226 perros, la mayoría en grave estado. De ellos, murieron 42.

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