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viernes, 15 de abril de 2011

Precintan en Carrión una vaquería con un centenar de animales dentro

Contencioso Administrativo. El Consistorio cumple así una sentencia del Juzgado de lo Contencioso

Tomado de Diario Palentino Digital

Afectados. Los propietarios aseguran que ya cumplen con la normativa y que tendrán que dejar morir las reses

¿Qué harían si el Juzgado manda cerrar su casa con todo dentro, incluidos animales, pero les deja abierta la puerta trasera? ¿Entrarían para no dejarlos abandonados o acatarían la sentencia dejándolos morir?

Pues en esta tesitura, pero maximizada, se encuentran los hermanos Caminero, propietarios de una explotación ganadera de Carrión de los Condes, después de que la Policía Local de la localidad ejecutara el auto que obliga al Ayuntamiento, no a los titulares de la vaquería, a cerrar dicha explotación.

Pero, a medias, porque aunque el cartel colocado anuncia «el cierre del establecimiento por orden judicial» sólo precintaron una de las dos entradas de la finca, «la que no se utiliza», dejando vía libre de acceso a los propietarios que solicitaban que «o todo o nada. Si vais a precintar, precintad las dos entradas y que se haga cargo de los animales el Ayuntamiento o el juez», les increpaba Fortunato Caminero. Es el padre de los cuatro dueños de la explotación que ayer, tras la colocación de la cinta, se debatían entre entrar a cuidar a sus 111 reses y media docena de caballos o abandonarlos a su suerte (además de cuatro tractores y maquinaria agrícola), como obliga el auto emitido por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Palencia, regido por el juez Victoriano Lucio Revilla.

El caso. Y el caso es que en la actualidad la explotación cumple con la normativa y tiene la preceptiva licencia. Pero hubo un tiempo en el que no. Un vecino requirió en 2008 al Ayuntamiento carrionés que revocar a la licencia otorgada a la vaquería en 2006 al no poder garantizar ésta la estanqueidad de su fosa séptica. El Ayuntamiento no contestó, por lo que el vecino presentó su queja ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Palencia, que en sentencia de 2008 pidió al Ayuntamiento que retirase la licencia a la explotación.

Tras solicitar la documentación preceptiva, finalmente el 2 de marzo de 2010, el Consistorio decreta la retirada de la licencia (decreto de Alcaldía 27/2010) e insta a la explotación a cesar en su actividad hasta conseguir una nueva licencia, algo que sucede el día 9 de marzo de 2010 (decreto de Alcaldía 28/2010), aunque, al parecer, sin cesar su actividad. Todos los problemas vienen porque el Juzgado aún solicita que se ejecute la sentencia de 2008, a pesar de que ahora la explotación posee una nueva licencia desde hace un año, y que se clausure la vaquería, de forma provisional, puesto que la decisión está recurrida ante el TSJCyL.


Dejarlos morir. «Ya tenemos una fosa séptica de 20.000 litros impermeabilizada donde van todas las aguas y desechos del ordeño», explicaba José Luis Caminero.
Más nervioso se mostraba su hermano Juan José, quien requirió la presencia de un notario para que quedara constancia de que sólo se había precintado una entrada y afirmaba que «habían llamado «al Seprona de la Guardia Civil para que nos digan ellos qué podemos hacer, si podemos entrar a cuidar a los animales o tenemos que dejarlos morir».

Según sus estimaciones, «si se deja de ordeñar en dos ocasiones a estas vacas, dalas por perdidas». La explotación produce diariamente 1.500 litros de leche.
«Si hay que cerrar esta explotación porque lo dice un juez, habrá que hacerlo -aunque la sentencia no es contra nosotros-, pero en cinco días no podemos encontrar un local habilitado, sacar a todo este ganado y volver a instalarlo. Es imposible», se quejaba Juan José. Es más, si decidieran sacrificarlo, tampoco podrían.

Les acompañaban decenas de vecinos de la localidad, algunos de ellos amigos de las cuatro familias que viven de esta explotación ganadera, y representantes de las Organizaciones Agrarias UPA y Asaja. «Nunca, en Castilla y León, se ha dejado morir así a los animales. Si nos piden numerosos condicionantes para tener en regla las explotaciones, no es lógico que ahora un juez pida que se cierre la explotación y se abandonen», defendía el secretario Provincial de UPA, Domiciano Pastor.

Por su parte el vicepresidente de Asaja Palencia, Mariano Santos, esperaba un final con sentido común, «ya que aquí no hay ladrillos, sino seres vivos. Si se impide atender a los animales se originaría un problema sanitario de gran envergadura y entonces ¿quién pagaría los daños y las pérdidas?».

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