Artículo de Alejandro Martínez, tomado de La Voz de Vigo.
Los veterinarios del zoo temieron por el contagio de la tigresa que queda sana. Ani de Bittencourt. |
La administración local no adoptó las medidas cautelares impuestas por la Xunta cuando los veterinarios sospecharon que podía estar aquejada de toxoplasmosis. Se trata de una enfermedad muy contagiosa provocada por un parásito que vive en los felinos y que puede afectar a los órganos vitales.
El animal lleva enfermo desde el año 2012. Inicialmente, los análisis clínicos determinaron que el felino estaba afectado por el parásito, pero finalmente los expertos concluyeron que se trataba de un «falso positivo», dado que la presencia de la bacteria se encontraba en niveles muy bajos, lo que suele ser habitual en animales de esta especie.
La tigresa viene siendo tratada desde este año por una inflamación intestinal crónica provocada por una enfermedad del sistema autoinmune. Pero cuando meses antes se creyó que tenía una infección que podía afectar al resto de los animales del zoo, el Concello no activó un protocolo para minimizar la posibilidad de un contagio. La Xunta había ordenado poner a todos los animales del zoo en cuarentena, impidiendo la entrada y salida de ejemplares.
Traslado
Desoyendo esta orden, los servicios veterinarios municipales trasladaron a la tigresa al hospital veterinario de Lugo, donde fue sometida a varias pruebas. Este traslado se llevó a cabo sin que los responsables de este centro tuvieran conocimiento de la enfermedad que podía tener para que adoptaran las medidas oportunas.
Tampoco consta que se adoptaran medidas para proteger al personal del zoo, también susceptible de contagio, si bien fuentes de esta entidad manifestaron ayer que durante una temporada el personal femenino no pudo acercarse al animal, para prevenir un contagio que afectase a su fertilidad. El Gobierno autónomo abrió un expediente cuando los servicios de conservación de la biodiversidad comprobaron que en el zoo no se habían adoptado las medidas. La cuantía de la sanción impuesta por Medio Ambiente asciende a 600 euros, que es la mínima aplicable para este tipo de infracciones, sancionables hasta con 70.000 euros.
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