El lugar más afectado por el trasiego de especies es el norteño departamento de Petén, fronterizo con México, donde el gobierno declaró área protegida una superficie de 2,1 millones de hectáreas para optimizar la conservación y restaurar la flora y fauna depredadas. Petén, con 35.854 kilómetros cuadrados, alberga uno de los bosques tropicales más grandes de América, con una gran cantidad de sitios arqueológicos de la cultura maya.
Si bien existen controles en esa zona, el delegado del Consejo Nacional de Áreas Protegidas en Petén, Julio Madrid, admitió que es muy difícil la tarea, pues sólo se cuenta con unos 300 cuidadores para toda esa extensión forestal.
El contrabando de animales en el área se ha convertido en una actividad común. "Existe una unidad técnica de control y protección que se encarga de los ejemplares decomisados, que son llevados al centro de rescate", explicó Madrid a Tierramérica.
Esa suerte corrieron, por ejemplo, los animales descubiertos cuando eran ingresados a Estados Unidos en diciembre de 2009. El cargamento, dirigido a la firma Bruce Edelman Reptiles Imports and Exports Inc, en Miami, despertó las dudas del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de ese país, que dio aviso a Guatemala.
El envío constaba de 300 iguanas verdes (Iguana iguana) y una cantidad indeterminada de tortugas, ranas y tarántulas, todas en peligro de desaparición.
Tras la advertencia estadounidense, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) guatemalteco descubrió que la firma Zooservicios, responsable del cargamento, sólo tenía autorización para transportar iguanas.
Aunque las iguanas también están en riesgo, los ejemplares confiscados en Miami eran nacidos en cautiverio y por tal podían ser comercializados, aclaró a Tierramérica el director de vida silvestre del Conap, Kurt Dutches.
"Hay empresas en el país dedicadas a reproducir venados de cola blanca, ranas, iguanas y otros animales, que pueden ser exportados de manera controlada y previo cumplimiento de la ley", que establece una autorización y sólo "para aquellos ejemplares nacidos en cautiverio de segunda generación", explicó.
La confirmación de la ilegalidad motivó la cancelación en marzo del permiso para operar otorgado a la empresa guatemalteca.
No era la primera vez que Zooservicios utilizaba esta triquiñuela para vender ejemplares silvestres.
Entre noviembre de 2008 y abril de 2009 había enviado a Miami 5.112 animales, todos de forma ilegal, según la investigación del Conap, que derivó en una denuncia presentada el 11 de enero ante el Ministerio Público.
Otro caso de contrabando saltó a luz pública el 12 de marzo, cuando la policía localizó en una vivienda de la ciudad de Guatemala más de 70 animales silvestres, entre ellos guacamayas, venados, pavos reales, faisanes, mapaches, pericos, tucanes, loros y monos capuchinos.
El Conap indica que en Guatemala están en riesgo de extinción 1.600 especies de flora y 740 de fauna.
La ley de protección promulgada en 1996, que creó el Conap, fija una pena de prisión de cinco a 10 años y una multa de 1.250 a 2.500 dólares para el delito de tráfico de especies en peligro de extinción.
Según las autoridades, existe una larga lista de animales con gran demanda en el extranjero, principalmente en Estados Unidos y Europa, "donde son vendidos como mascotas exóticas".
Entre ellos se encuentran las iguanas verdes, las iguanas del desierto (Dipsosaurus dorsalis), las ranas de ojos rojos (Agalychnis callidryas) y verdes (Lithobates vibicarius), además de serpientes, tarántulas y tortugas.
El veterinario Fernando Martínez, de la no gubernamental Asociación de Rescate y Conservación de Vida Silvestre y del Centro de Rescate de Animales Silvestres, señaló a Tierramérica que anualmente reciben entre 300 y 500 animales, la mayoría producto del tráfico ilegal.
"Hemos visto que cada año baja más el tráfico de animales", indicó el experto. Pero aclaró de inmediato que ello no obedece a una mejora en los controles, sino "a la pérdida de hábitat natural de la reserva, porque cada año es mayor el avance de la frontera agrícola" y la consecuente deforestación.
Para Martínez, la falta de recursos es una seria limitante para el cuidado de la biodiversidad. Y, a su entender, el gobierno no se preocupa por esta situación.
Más allá del tráfico ilegal, Julio González, del no gubernamental Colectivo Ecologista MadreSelva, dijo a Tierramérica que el cambio del uso del suelo, el avance de los monocultivos, las represas hidroeléctricas y la minería son factores de la gran pérdida de biodiversidad.
Por ello, demandó reformar la Ley de Áreas Protegidas y la Ley Forestal de 1996 para salvaguardar el ambiente y con ello la vida de los seres humanos.
* Este artículo fue publicado originalmente el 8 de mayo por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
Danilo Valladares.
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